Un 15 por ciento de los adolescentes reconocer que están pendientes del móvil cuando están en clase. Existe un gran debate en la comunidad educativa sobre si estos dispositivos son una herramienta didáctica más o un elemento de distracción en el aula. El Gobierno regional madrileño ha anunciado que piensa prohibir, mediante una norma autonómica, el uso de móviles en los colegios. Aún no ha determinado la fórmula concreta que utilizará. Actualmente, no existe regulación concreta en Madrid que regule esta cuestión, ni tampoco a nivel estatal;es cada centro educativo el que decide en sus normas de régimen interior qué uso puede hacerse de estos dispositivos.
El debate no está exento de polémica: aunque hay muchos partidarios de la medida, no todos en la comunidad educativa están de acuerdo en la prohibición, ni entre los profesores ni entre los padres; y los que lo están piden regulaciones claras que refuercen al docente y no compliquen la convivencia.
Adicciones
Los datos de adicciones a las nuevas tecnologías son tan alarmantes como evidentes los efectos negativos del uso de móviles por los chavales durante el periodo lectivo: distracciones, interrupciones de la clase y posibles situaciones de acoso.
La decisión de prohibir el uso de móviles la ha planteado el consejero de Educación madrileño, Enrique Ossorio, en entrevista con Ep. El político ha matizado que estará vetada su utilización en los colegios sostenidos con fondos públicos en la región –los públicos y los concertados–, y «siempre que no se utilicen con fines educativos».
Ossorio es partidario del uso de tabletas en los centros escolares, y pide que «no se tengan posiciones extremas» porque la tecnología «es muy buena y sirve para muchísimas cosas». Entiende que «no hay una confrontación entre la tecnología y el conocimiento; no creo que solo se deba estudiar en libros».
Uso mayoritario
Según los datos del INE relativos a 2017, un 25 por ciento de los niños de 10 años tienen móvil en España. A los 12 años, ya son un 75 por ciento ;y a los 15, un 94 por ciento. Un estudio de la Fundación Telefónica cifraba en un 29 por ciento los niños de entre 6 y 9 años que declaraban tener un móvil propio.
A comienzos de este año, otro trabajo elaborado por BBVA, Google y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción recogía que el 83% de los adolescentes considera que hace un uso intensivo del móvil y las redes sociales, mientras que un 15% admite que está pendiente del teléfono en clase.
En la actualidad, en España no existe una regulación estatal sobre el uso de móviles en los centros educativos. De hecho, la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, apuntaba hace ahora un año que el Gobierno se planteaba prohibirlos, siguiendo los pasos de la ley que aprobó Francia en este sentido.
En otros países del mundo occidental no suele darse la prohibición excepto en el ejemplo francés. De hecho, en Estados Unidos se permiten si están en silencio; en Alemania únicamente se prohíben expresamente en la región de Baviera; Italia permite utilizarlos para fines didácticos; y en Bélgica, cada centro decide. Portugal incluyó en su Estatuto del Alumno (aprobado en 2012) que el móvil no debe usarse en el aula, salvo para la actividad formativa.
Paso al frente
En las distintas comunidades, la actitud con respecto a los móviles varía, aunque con tendencia a dejar el tema en manos de la autonomía de cada centro. En Madrid hasta ahora esta decisión también se tomaba en cada centro, y muchos optaban por prohibirlo: así puede verse en algunos reglamentos de régimen interno y normas de convivencia de centros como el colegio San Agustín o Nuestra Señora del Recuerdo. Ahora, el Gobierno regional da un paso al frente para prohibirlo de manera generalizada.
El Consejo Escolar catalán es partidario de su utilización en clase con fines didácticos, y pone el acento en educar para un uso responsable. En esta comunidad, la mitad de los colegios los prohíben en las aulas. Esta limitación se aplica a casi el 90 por ciento de centros de Primaria pero a muy pocos de secundaria.
Valencia deja esta competencia en manos de cada centro, y lo mismo ocurre en Castilla y León y en el País Vasco; Castilla-La Mancha lo prohibió en una ley en 2014, y en Galicia se contempla también la prohibición, salvo que sea para usos didácticos, en el decreto de convivencia de la comunidad educativa.